SANTO DOMINGO.- Ramfis Domínguez Trujillo, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Rafael Leonidas Trujilo Molina, arremetió la tarde de este lunes contra la Federación de Fundaciones Patrióticas, que solicitó al Procurador general de la República que active la ley que prohíble actividades trujillistas en el país.
En un documento, aclara que la ley 58-80 de 1962, que prohíbe dichas actividades, fue anulada conforme al artículo 6 de la Constitución de la República.
Censuró que la organización patrocine una iniciativa “vergonzosa e impertinente” de recolectar firmas para intentar obligar a la Procuraduría aplicar una ley "anti-constitucional y retrógrada, para censurar el derecho fundamental e universal de la libre expresión".
El documento
El texto de documento de Domínguez Trujillo es el siguiente:
"Miami, Florida EEUU 10 de Diciembre del 2012
El pasado 24 de Octubre del año en curso, la familia Trujillo organizó un encuentro en la ciudad De Santo Domingo, para conmemorar el natalicio del Generalísimo Trujillo, quien dirigió los destinos de la nación durante los 31 años más fructíferos de toda su historia republicana.
Debido al despliegue burdo, irrespetuoso e intolerante del pequeño sector de neo-anti-Trujillistas recalcitrantes en cada oportunidad que se organiza una actividad histórico-cultural que no sea auspiciado por este grupo o sus adláteres, limitaron la lista de invitados y tomaron las medidas de lugar para restringir la difusión mediática hasta el mismo día de la actividad. A pesar de estos impedimentos y el portentoso torrencial que cayó, el evento fue un éxito rotundo, contando el mismo con una presencia nutrida de jóvenes dominicanos, familiares y amigos que desearon participar en esta memorable función.
Lo sorpresivo sin embargo, fue la reacción de todos estos sectores que han vivido y siguen viviendo suntuosamente de su neo-anti-Trujillísmo industrial. Estos grupos inmediata y ferozmente retomaron las iniciativas emprendidas luego de la publicación del libro “Trujillo mi Padre,…En mis Memorias” de la Sra. María de los Angeles Trujillo de Domínguez (Angelita) y la creación de la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina, de intentar coartar el derecho de libre expresión no solo a la familia Trujillo, sino a todos los que de una forma u otra colaboran con este esfuerzo de rescatar la historia incontrovertible sobre este periodo de tanta trascendencia, incluyendo los más de 2,000 miembros del portal de esta organización en la red social de Facebook (http://www.facebook.com/groups/112234865457756/), y demás miembros inscritos en la sede principal de la ciudad de Miami, que supera con creces esta última cifra.
Con este fin, estas organizaciones y grupos se escudan de la Ley 5880-62, que fue ratificada por el Consejo de Estado en 1962, cuyo Presidente Rafael Bonelly, ideó y apoyó íntegramente esta iniciativa para así dar inicio a la “des-Trujillización” del país y así también disimular su asidua colaboración con el gobierno del Generalísimo Trujillo, siendo él mismo responsable por la adquisición en Venezuela de la silla eléctrica utilizada en la “Cuarenta”. Este accionar preñado de ironía, personifica también la misma doble moral que encierran las intenciones desfasadas y el proceder irreverente de estos facinerosos históricos.
Es incontrovertible que esta aberración jurídica quedó debidamente anulada conforme el Artículo 6 de nuestra Carta Magna que dispone: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”. Esta afirmación se apoya también en el Artículo 49 de la Constitución que protege el derecho a la libertad de expresión e información afirmando que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.
Este grupo de descomedidos articulan “que la libertad de expresión tiene sus límites en el respeto a la verdad y el derecho a la dignidad de las personas", obviando deliberadamente los elementos de nuestra jurisprudencia que protegen este derecho conforme las disposiciones que sancionan la difamación y la injuria. Sin embargo, es comprensible que ante el extraordinario peso de las verdades expuestas por esta organización, prosigan censurar esta información en vez de enfrentarse a duras realidades comprometedoras que desdicen fuertemente de su desvirtuada labor.
Invitamos a todos los que rechacen las expresiones e informaciones diseminadas por esta organización o cualquier integrante de la misma, que interpongan una demanda procedente ante la corte competente, para así analizar minuciosamente las evidencias de lugar y emitir un fallo que se ajuste a la realidad de los hechos. Esto, si es democracia.
Sin embargo, esta organización que recibió un cuantioso caudal de las arcas del estado para la construcción de su museo “revolucionario”, y que hoy como ONG continúa recibiendo una manutención del dinero del pueblo, se rehúsa a respetar nuestro derecho de libre expresión, patrocinando una iniciativa vergonzosa e impertinente, de recolectar firmas para intentar obligar a la Procuraduría General de la República Dominicana aplicar una ley anti-constitucional y retrograda, para censurar este derecho fundamental e universal. Su afán de perpetuar su manipulación histórica arbitrariamente, persigue únicamente preservar sus intereses económicos y políticos, y continuar cosechando las ostentosas prebendas de su designación. Ya es hora de exigir pruebas perentorias de todas las declaraciones que pretenden difundir como historia patria.
En este mismo tenor, propusimos y ahora insistimos en la realización de un debate público esclarecedor, en el lugar y medio que escojan estos grupos, con un versado intelectual que seleccionen estos señores que hoy aborrecen y niegan las virtudes de la Era de Trujillo. Así, de cara a la nación, cada quien tendrá la oportunidad de exponer y defender su tesis sobre cualquier tema inherente a la denominada “Era de Trujillo,” y el pueblo a su vez, podrá evaluar lo que realmente significaron para el país los 30 años de la Era de Trujillo. Ante nuestra solicitud de organizar este debate histórico, estos grupos solo han procurado desacreditar nuestra propuesta, cuestionando nuestra capacidad y organizando sus propios coloquios que solo persiguen mantener su vigencia con exposiciones retorcidas y parcializadas, desafiando así también el “derecho a la información” que protege nuestra constitución: el pueblo tiene el derecho a conocer verdades históricas irrebatibles.
Aprovechamos esta ocasión, para una vez más exigirle al Museo de la Resistencia que publique su registro de “victimas” de la Era de Trujillo, ya que jamás han podido sustentar sus enunciaciones sobre las 50,000 personas que según ellos, padecieron a manos del régimen. Rechazamos enteramente estas cifras adulteradas y reclamamos que la verdad histórica se respete. Reiteramos que nuestra “democracia” ha legado muchas más muertes que todas las que se le puedan adjudicar a éste periodo histórico, y con la observación de que la gran mayoría resultaron de actos delictivos y criminalidad, no persecución política como lo han querido justificar. Pudimos observar del 9 al 13 de Noviembre pasado, como el Museo de la Resistencia publicó en su página oficial de Twitter ante nuestros reclamos, un total de 34 de estas supuestas victimas que ya estamos investigando como corresponde, por lo que aun quedan unos 49,966 nombres para sustentar sus irresponsables aseveraciones.
Queremos dejar inequívocamente claro que esta labor es desde ya indetenible, y que no nos podrán amedrentar con sus amenazas ni su codicia desmedida por ocultar y desvirtuar nuestras efemérides. La Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina ya está gestionando los pasos legales correspondientes a la confirmación de abrogación a la ley 5880-62, así como para dejar sin efecto cualquier otro fallo jurídico que atente contra este derecho cardinal de toda civilización democrática.
Estamos dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, y proporcionarles si fuese necesario, la plena satisfacción a quienes persiguen hacernos cumplir la pena por esta conjeturada contravención a una ley que quedó indiscutiblemente anulada con la ratificación de nuestra Carta Magna en el 2010. Exigimos el respeto inviolable a nuestra Constitución, y a nuestro derecho de libre expresión. Basta ya de tantos abusos históricos y mentiras injustificables de este sector que ostenta ser dueño absoluto de nuestras efemérides. Después de 52 años con estos grupos jugando este papel majestuosamente a su antojo y conveniencia, podríamos atribuirle atinadamente aquel viejo refrán que dice, “cría cuervos y te sacarán los ojos.
L. Ramfis Domínguez Trujillo
Vicepresidente Ejecutivo
Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina"
