jueves, 9 de octubre de 2014

BID y la RD firman convenios para fortalecer gestión recursos humanos

SANTO DOMINGO.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó dos convenios de cooperación técnica no reembolsable con el Gobierno dominicano para impulsar proyectos en el área de modernización de la red de electricidad y otro para el fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos del Estado dominicano con un monto total de 1,5 millones de dólares.
Por el primer convenio, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) recibirá 800,000 dólares, de los que 400,000 provienen del Fondo para la Preparación de Proyectos de Infraestructura (Infrafondo) y los otros 400,000 se desembolsarán con cargo a recursos del Fondo General de Cooperación de España.
Con estos fondos se financiará "la selección y contratación de los consultores necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica consistente en apoyar el Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas" que ejecuta la CDEEE.
El segundo convenio, que hará desembolsos por un monto total de 500,000 dólares y un aporte local de 60,000 dólares, financiará el proyecto "Racionalización de los Gastos de la Función Pública" con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos del Estado dominicano, a través del fortalecimiento institucional del Ministerio de Administración Pública (MAP), explica una nota informativa de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
El proyecto, que consta de dos componentes, busca específicamente "consolidar e integrar el Sistema de Administradores de Servidores Públicos (SASP), gestionado por el MAP, logrando su comunicación/ interface con el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) del Ministerio de Hacienda", además de apoyar la implementación de la Ley de Regulación Salarial del Estado Número 105-13 para el personal del gobierno central.
Ambos convenios fueron suscritos en el Palacio Nacional por el titular del MEPyD, ingeniero Temístocles Montás, en representación del Estado dominicano y Flora Montealegre, representante del BID, quien estuvo acompañada, de Jorge Mercado, especialista en energía del organismo.
Montás explicó que en cuanto a la parte eléctrica, el convenio va en la dirección de modernizar las redes para reducir las pérdidas, lo que representa en gran medida un ahorro para el Gobierno.
El funcionario dijo que su ejecución "está alineada al propósito de este Gobierno de lograr la sostenibilidad y eficiencia del sector eléctrico, tal como está consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y programado en el Plan Plurianual del Sector Público".
De su lado la representante del BID en el país, Montealegre expresó su satisfacción por la contribución en pro de la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo para la mejora del sistema eléctrico y ayudar a la transparencia de la nómina del Estado y para la ley del funcionario público.
La representante de la CDEEE, Brito agradeció al BID y al ministro Montás por la gestión y aprobación de la asistencia técnica para la recuperación del sector eléctrico.
El convenio establece que los equipos técnicos de la CDEEE y de las Empresas de Distribución Eléctrica ("EDEs") "acompañarán cercanamente el desarrollo de las actividades del Proyecto y la CDEEE proveerá apoyo técnico y logístico a los equipos de consultoría, tal como se establece en el Acápite Sexto de estas Estipulaciones Especiales".
El convenio "Racionalización de los Gastos de la Función Pública", en su componente de consolidación del Sistema de Administradores de Servidores Públicos (SASP), establece el objetivo de "contribuir a completar la implementación del SASP en el Gobierno Central.
Esto incluye al Ministerio de Turismo, Ministerio Administrativo de la Presidencia y  todos los organismos centralizados que dependen directamente de la Presidencia de la República y que aún no están cubiertos por este sistema, como parte de los esfuerzos para consolidar la formación del capital humano del Estado y para transparentar la nómina pública".

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