SANTO DOMINGO.- Dos organizaciones empresariales pidieron al Gobierno estructurar una emisión de bonos exclusivamente para una inversión agresiva en la rehabilitación, blindaje de las redes eléctricas y colocación de medidores a todos los usuarios del servicio.
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI) consideraron que esta sería una manera de sacar del marasmo al subsector de distribución de electricidad, afectado por el hurto, las conexiones ilegales y los problemas técnicos que sitúan las pérdidas en 41%.
No hay salida a corto plazo para revertir la realidad de más de un millón de usuarios que no pagan y de una alta proporción que aprovecha la vulnerabilidad de las redes para pagar menos, proclamaron tras una reunión técnica para analizar la situación eléctrica.
A juicio de las entidades empresariales –que presiden Wadi Cano Acra e Ignacio Méndez- , el momento es oportuno para emitir los bonos, debido al proceso de saneamiento administrativo puesto en marcha tanto en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEEE) como en las empresas distribuidoras de electricidad.
“Aunque existan buenas intenciones gerenciales, no hay dinero para acometer las enormes inversiones requeridas con el propósito se cambiar las redes y obligar a todos los usuarios a pagar la luz, como ocurre con los servicios de telecomunicaciones”, manifestaron la AEIH y la FAI.
Tras señalar que a la velocidad a que marchan los planes de recuperación de las empresas distribuidoras de electricidad se requerirán muchos para sacarlas del caos financiero en que estaban metidas, por lo cual se requiere un proyecto de inversión masivo y rápido.
Garantizaron que si se levantan los fondos necesarios en el mercado de capitales –mediante una ley que limite su uso exclusivamente a la transformación de las redes eléctrica- en el corto plazo mejorarán las finanzas de las empresas distribuidoras y habrá condiciones para atraer todas las inversiones requeridas en generación.
Las organizaciones empresariales sugirieron, como segunda opción, volver al proceso de reforma y capitalización con Edenorte, Edesur y Edeeste, empresas que volvieron a manos del Estado, buscando a inversionistas que asuman el riesgo de recuperarlas.
“Si no se toma la decisión urgentemente, el subsidio eléctrico –que en este año será de US$700 millones y no de US$350 millones- se tragará al país, seguirá siendo una gran barrera para la inversión en educación, salud e infraestructura y siempre estaremos en el círculo vicioso de trazarnos metas que se incumplen”, advirtieron la AEIH y la FAI.
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