SANTO DOMINGO.- Más de 100 síndicos y directores municipales pertenecientes a todos los partidos pueden ser procesados penalmente por "serias y graves irregularidades" en sus funciones, afirmó este martes la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).
La entidad indica que a diario recibe denuncias de actos de corrupción provenientes de los municipios y distritos municipales, entre los que se destacan las adquisiciones de bienes y servicios sin cumplir con los procedimientos que prevé la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, el pago de obras cuantiosas sin ser ejecutadas, la existencia de nóminas fantasmas y la designación de parientes.
Recuerda que la Ley 176-07 que rige el Distrito Nacional y los Municipios, en su Artículo 21 referente al destino de los fondos señala: "Los ayuntamientos destinarán los ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias manteniendo los siguientes límites en cuanto a su composición: a. Hasta el veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal, sean éstos relativos al personal fijo o bajo contrato temporal. b. Hasta el treinta y un por ciento (31%), para la realización de actividades y el funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su competencia que prestan a la comunidad. c. Al menos el cuarenta por ciento (40%), para obras de infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de pre inversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social. d. Un 4% dedicado a programas educativos, de género y salud”.
El coordinador de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, declaró que las sanciones contempladas en la ley se detallan claramente en el Párrafo IV: “La violación de este artículo será sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos, así como también a la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos”. “En el caso de que el tesorero y el contralor municipal no denuncien ante las autoridades de control y persecución competentes, se castigarán como infractores y de acuerdo con la sanción antes mencionada”.
Advierte que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, DPCA, debe prepararse para darle seguimiento a todas esta atrocidades cometidas por los alcaldes en cuestión, lo mismo le advierte a la Cámara de Cuentas de la República que debe proceder a entregar las auditorias que ha realizado en las instituciones edilicias, ya que eso permitiría traducir a los tribunales a los responsables del manejo irregular de los fondos públicos.
“Es una oportunidad que tiene la Liga Municipal Dominicana para reasumir su rol como asesora de los ayuntamientos del país, para que deje atrás la imagen de botín al servicio del clientelismo político, ya que durante los últimos doce años no ha hecho ningún aporte significativo al municipalismo dominicano, agrega.
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