SANTO DOMINGO.- Diversas enntidad de la sociedad civil solicitaron al Gobierno reducir el gasto para el pago del subsidio eléctrico en vez de recortar el presupuesto a los ministerios.
El Centro Juan XXIII, Ciudad Alternativa, las Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo, la Federación de Asociaciones Industriales, Inc. (FAI) y la Fundación Justicia y Transparencia, entre otras, consideraron que las autoridades deben bajar los altos consumos de la burocracia gubernamental, como gastos de representación, eliminar las "botellas en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, no movilizar los vehículos del Estado los fines de semana, evitar duplicidades de funciones de parte de entidades públicas y quitar las nominillas.
También, renegociar los onerosos contratos firmados con las empresas de generación eléctrica y penalizar la no licitación pública de la compra de energía eléctrica por parte de distribuidoras a generadoras eléctricas, entre otras medidas.
A continuación el documento
Como es de conocimiento público, el Consejo de Gobierno en una reciente reunión pasó revista para identificar en el presupuesto vigente los recursos necesarios para subsidiar el sector eléctrico.
En lo que resta del año, el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir del presupuesto de las instituciones estatales el equivalente a 350 millones de dólares, unos $12,880 millones de pesos. De acuerdo a Temístocles Montás, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, para esto le rebajarán a cada institución estatal un mes de carga fija, un 20% del renglón de otros gastos y otro 20% de la inversión programada hasta diciembre. La carga fija comprende el pago de agua, luz, teléfono, alquiler, etc. Las inversiones tienen que ver con proyectos y programas que ejecutan las entidades estatales.
En los últimos seis años el país ha destinado al sector eléctrico unos $93 mil millones de pesos para subsidios. Estos recursos frenan la posibilidad de inversión en rubros sociales, como educación, salud, seguridad social y vivienda. La baja en la calidad de estos servicios deteriora la calidad de vida de la población.
Cada centavo destinado al barril sin fondo del sector eléctrico aplaza que cientos de familias entren a recibir servicios básicos fundamentales que garantizan la calidad de vida de los ciudadanos/as y posibilidades de superación de la pobreza. No es posible penalizar aéreas vitales del desarrollo nacional, pretendiendo legalizar el despojo que sería sustraerles un veinte por ciento de su capacidad.
Debemos recordar que la población dominicana está siendo penalizada con una de las tarifas eléctricas más altas del caribe. El problema energético impone desnudarnos y reflexionar como país, y preguntarnos si podremos mantener esa estructura corrupta lesiva, y dañina e insostenible que precisa de un susidio por los márgenes descomunales que supone este negocio, con una rentabilidad superior a cualquiera de las actividades ilícitas.
Es por ello que en lugar de una reducción al presupuesto, se estaría penalizando a la población dominicana. En este sentido proponemos el atacar el problema en sus raíces:
Austeridad en el gasto: reducir altos consumos de la burocracia gubernamental (gastos de representación, eliminar las botellas en la CDEE como en las Edes administradas por el sector público, no movilizar los vehículos del estados los fines de semana, evitar duplicidades de funciones de parte de entidades públicas, eliminar aquellas innecesarias y eliminación de la nominillas).
Renegociar los onerosos contratos firmados con las empresas de generación eléctrica. El Acuerdo de Madrid se firmó el 2 de agosto de 2001, cuando la Ley 125-01 estaba vigente en todo el territorio nacional desde hacía 4 días, lo que hace que todo lo acordado allí que sea contrario a la ley, resulte nulo.
Eficientizar la gestión de las Edes en sus cobranzas a evasores del servicio.
Penalizar la no licitación pública de la compra de energía eléctrica por parte de distribuidoras a generadoras eléctricas, tal como lo establece el artículo 110 de la Ley General de Electricidad 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, que debe organizar y supervisar la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Sincerar la fórmula matemática que se utiliza para calcular la tarifa mensual, para eliminar el factor de distorsión que se genera con los combustibles, ya que mientras más caro sea el precio del petróleo en el mercado internacional más ganarán las empresas de generación eléctrica y más perderá la población dominicana.
Aplicar el artículo 8 de la Ley 112-00 para fijar los precios semanales de los combustibles fósiles, en vez del ilegal Decreto 307-01, del 2 de marzo de 2001, que manda a aplicar la fórmula del precio de paridad de importación del petróleo intermedio del oeste de Texas, uno de los más caros del mercado mundial.
Que se apliquen los fondos ahorrados en la compra de petróleo a Venezuela como manda el Acuerdo PetroCaribe, para que tengamos más escuelas, más carreteras, más centros deportivos, más pequeñas y medianas empresas y para que podamos pagar sin sobresaltos la deuda que genera esa compra.
De apagones, pero también de abusos y atropellos, ¡¡¡ya está bueno!!!
Firman:
· Centro Juan XXIII
· Centro Juan Montalvo
· Ciudad Alternativa
· Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Sto. Dgo.
· Federación de Asociaciones Industriales, Inc. (FAI)
· Federación de Asociaciones Industriales, Inc. (FAI)
· Fundación Justicia y Transparencia
· Fundación Pro-Bien
· FUNDECOM
La Lucha
No hay comentarios:
Publicar un comentario