SANTO DOMINGO.- Siendo miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), el actual presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario Márquez, recibió pagos millonarios por servicios legales a la Lotería Nacional, en violación a lo que establece la Constitución de la República, de acuerdo a una denuncia periodística.
Este lunes en la noche, el programa televisivo “El Informe con Alicia Ortega” presentó copias de cheques de la Lotería Nacional por un monto superior a los 9.7 millones de pesos cobrados por la firma Rosario Márquez y Asociados, presidida por el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, entre diciembre del 2005 y marzo del 2008.-
La Constitución de la República establece en su artículo 108, que “ninguna función o cargo público serán incompatibles con otros cargos, excepto que sean honoríficos o docentes”.
Juristas censuran
En declaraciones por separado ofrecidas a “El Informe”, el expresidente de la JCE Manuel Ramón Morel Cerda, el jurista Ramón Antonio Veras y el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, coincidieron en censurar la práctica de Rosario Márquez, por considerarla contraria a la ley y a la ética que debe caracterizar a un miembro del tribunal electoral.
El doctor Morel Cerda consideró que la práctica de Rosario Márquez no sólo es anti-ética, si no que entra en conflicto con el artículo 378, inciso 8 del Código de Procedimiento Civil, “el cual estipula entre las causas de recusación de un juez el servirle consultas, hacerle trabajos, recibir dádivas, tomar alimentos a una de las partes, vale decir, en este caso, de uno de los actores en el proceso electoral”.
Añadió que al servirle de abogado, darle consultas y recibir emolumentos de una entidad estatal, Rosario Márquez se convierte en recusable, y por consiguiente en inelegible para ejercer las funciones como juez.
“Considero que es una posición absolutamente anti-ética que un juez de la JCE ejerza su profesión como abogado de una entidad del Estado”, dijo Morel Cerda.
Al expresidente de la JCE se le preguntó si consideraba lícito que un miembro de la JCE mantuviera operando su oficina de abogados, a lo que respondió: “esto no es a título personal exclusivamente, no, si es la oficina, la oficina es él, él es el dueño de la oficina, él es el director de la oficina, él no se ha apartado de su oficina. De modo que eso lo compromete, aunque él diga que es su bufete, él es el dueño y director de ese bufete y eso automáticamente tiene que pasar por sus manos, tiene que recibir su aprobación y él se va a beneficiar también económicamente de cualquier emolumento que entre por esa vía”.
“Estos honorarios no hay forma de justificarlos. Además, se trata de una institución del Estado, a la que usted. no le puede trabajar, ni su oficina tampoco, bajo ningún concepto”, expuso el jurista.
Por su parte, el doctor Ramón Antonio Veras consideró que hay un conflicto ético cuando un miembro de la JCE o un juez realiza servicios remunerados a una institución del Estado, y consideró que los montos cobrados por Rosario Márquez a la Lotería son muy elevados para la labor desarrollada.
“El monto cobrado yo diría que luce exorbitante con lo que dice ahí, porque ahí dice un acto de alguacil, un acto de alguacil no vale más de 5.000 mil pesos”, dijo Negro Veras al referirse a una las facturas millonarias cobrada por el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE a la Lotería Nacional.
Insistió en que “son sumas muy elevadas para el medio en que uno se desenvuelve, entonces eso no se ve bien, simplemente no se ve bien”.
Violación a la ética
De su lado, Javier Cabreja, director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, dijo que un miembro de la JCE no puede servir a otra institución del Estado y recibir paga por ello, porque constituye una violación a la ética y un conflicto de intereses.
“Tú no puedes servir al Estado por un lado en cuestiones de un carácter pecuniario, que procura generar beneficios, y por otro tratar de ser árbitro. Las leyes en nuestro país condenan este tipo de conflictos de intereses, un miembro de la JCE se establece que es de dedicación exclusiva al organismo electoral y que este puesto sólo es compatible con actividades de carácter académico, precisamente para evitar este tipo de conflictos de intereses”, indica Cabreja.
Añade que “con este tipo de prácticas habría mucha duda, muy poca credibilidad en la imparcialidad de una persona que se beneficia del Estado por un lado, y al mismo tiempo intenta ser árbitro frente a los otros partidos que no están en el Estado dominicano; yo creo que eso es sumamente grave, es una violación que no puede ser permitida”.
“Llama la atención poderosamente el hecho de que estemos hablando de cifras de grandes dimensiones, por eso insistimos en la necesidad de que se investigue si esos pagos realizados por esta institución del Estado se corresponden con el servicio aportado, con el servicio dado a esta institución”.
Seis cheques
El Informe con Alicia Ortega presentó copias de seis cheques de la Lotería Nacional por un valor total de nueve millones 705 mil 433 pesos cobrados por la oficina de Rosario Márquez, varios de ellos recibidos por el propio funcionario electoral.
La periodista Alicia Ortega también presentó copia de un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas en el cual revela irregularidades en varias operaciones de la Cámara Administrativa de la JCE, entre ellas la inversión de más de 368 millones de pesos en obras, menos de un año, sin la existencia de ningún contrato.
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