En ese sentido, la Asociación de Industrias y Empresas de Haina (AIEHaina) reaccionó alarmada ante la propuesta del senador por la Provincia San Cristóbal, Tommy Galán, de modificar la Ley 8-90, para gravar las ventas brutas de las zonas francas al mercado local.
Advirtió que esa medida provocará el cierre de las industrias de ese ramo de Haina y San Cristóbal y por ende la pérdida de 2 mil empleos directos e indirectos.
“En la AIEHaina estamos altamente preocupados y alarmados por este proyecto de ley que dejaría fuera de competencia a las industrias nacionales frente al producto importado que no paga arancel”, expresó Flavio Rodríguez, presidente de la entidad.
Agregó que a los industriales les inquieta que las reglas del juego que rigen bajo la Ley 8-90 para industrias nacionales, en muchos casos, únicas en su ramo a nivel regional, sean cambiadas de un momento a otro.
A su juicio, lo idóneo sería que sean ponderadas las consecuencias al momento de someter modificaciones a leyes que han permitido que los industriales operen y se desarrollen bajo su marco legal.
Entre tanto, el administrador de la Lotería Nacional, Enrique Martínez, advirtió que de gravarse los juegos de azar con un 10% como está contemplado en el paquete fiscal a la institución no le quedaría más que cerrar sus puertas.
Indicó que no cree que sea el interés del presidente Leonel Fernández mandar a cerrar la Lotería Nacional. En ese sentido, Martínez, quien visita esta mañana a los miembros de la comisión bicameral que estudia la propuesta, planteó que se busque otra alternativa, la cual considera garantizaría una mayor recaudación a la que se tiene planificada.
“Según como está se manda a cerrar la Lotería, eso no está en discusión, solo habría que mandar a comprar dos candados, o uno si es necesario y cerrar las puertas”, refirió.
El funcionario expuso que se cree una dirección general de lotería y de juegos de azar que se encargue de hacer todas las recaudaciones y aplicar las políticas gubernamentales en ese sector.
Esa institución también se encargaría de normar todas las operaciones en esa área, sobre todo las tasas y los derechos para las operaciones de los juegos de azar.
En ese sentido, depositó una copia de su proyecto ante la comisión con el propósito de que podría ser tomado en cuenta en la discusión que actualmente se lleva a cabo sobre la reforma fiscal.
Mientras que el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), sostuvo que en el país se debe hacer una reforma fiscal integral para definir las actividades económicas del Gobierno, con el fin de evitar que cada vez que haya una crisis se hagan “parches” como el actual paquete fiscal.
Manuel Diez Cabral entiende que las actuaciones del Gobierno no obedecen a una estrategia integral de recaudación ni de administración de gastos del Estado.
Lo que se debe hacer es una reforma fiscal integral, que no es más que sentarse a discutir de manera integral, cómo el Gobierno gasta el dinero y como le van entrar sus recursos para poder funcionar. Esto es para que no siga sucediendo lo que se viene haciendo por décadas que cada vez que hay una crisis el Gobierno lo que hace es realizar un parche y pégaselo a uno o varios sectores, por lo que creo que eso debe cambiar” precisó el presidente del CONEP.
Consideró que “si el Gobierno reduce sus gastos en un 12% ó mejor aun 14, eso cubre el famoso dividendo en los impuestos del paquete fiscal”.
De su lado, el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Fermín Acosta, advirtió que si se grava el financiamiento de viviendas a los dominicanos se le hará imposible tener un techo propio.
Acosta pidió que se saque el sector vivienda de los nuevos gravámenes de manera que la gente pueda seguir comprando su casa con financiamientos manejables en las actuales condiciones.
En cambio propuso que se grave con un dos por ciento a las ventas de las zonas francas.
Como repuesta, José Clase, empresario de zona franca de Santiago, dijo que la situación del país es crítica en materia económica, pero que los distintos sectores productivos deben contribuir con la intención del Gobierno de mejorar las recaudaciones.
Otras quejas fueron planteadas por Pedro Dipp, de la Asociación de Empresas Inmobiliarias y Gerty Valerio, de la Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro-Codetel).
Para Dipp el proyecto de reforma fiscal resulta preocupante por las nuevas cargas impositivas. Mientras que Valerio advirtió del efecto negativo sobre los consumidores que tendría el impuesto de 10 por ciento sobre el servicio de televisión por cable.
Los representantes de los sectores productivos acudieron este martes al Congreso para reunirse con la comisión bicameral que estudia el proyecto de reforma fiscal, y que preside el senador Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San Cristóbal.
Galán precisó que no importa lo que opinen los directivos de las zonas francas, porque se revolverán dos problemas y se eliminará el impuesto a la vivienda suntuaria para recaudar unos recursos que están estipulados en el Presupuesto del Estado.
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