MANAGUA.- La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) resolvió hoy que el Estado de Panamá no puede denunciar ni retirarse unilateralmente del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen), informó el tribunal regional.
La sentencia definitiva de la CCJ también ordena que el Estado de Panamá se abstenga de adoptar medidas unilaterales que vulneren los principios y propósitos del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
El fallo, leído y notificado a las partes por el secretario general de la CCJ, Orlando Guerrero, igualmente declara inaplicable la Ley panameña Número 78 del 11 de diciembre de 2009 que deroga las leyes que aprueban los instrumentos internacionales relativos al Parlacen "por contravenir el derecho comunitario centroamericano".
La sentencia, que fue firmada por los seis magistrados del tribunal regional con sede permanente en Managua, ordena la entrega del pago de cuotas retrasadas y garantizando el pago de las futuras cuotas del Estado panameño al Parlacen.
El Gobierno de Panamá comunicó oficialmente desde agosto del año pasado en Guatemala a los países miembros del SICA su decisión de retirarse del Parlacen.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, había anunciado en la campaña electoral que tomaría esa decisión por considerar al parlamento regional "inoperante", y "una cueva de inmunidades" y un organismo de "oneroso e injustificado costo" para su país.
El 11 de diciembre del año pasado, tras ser aprobada en el Parlamento panameño, Martinelli sancionó una ley que derogó la aprobación de los instrumentos internacionales relativos a la adhesión de Panamá al Parlacen.
El Parlacen, cuya sede se encuentra en Guatemala, está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, como miembros de pleno derecho, y por México, Venezuela, Puerto Rico y Taiwán, como países observadores.
La sentencia fue notificada a Roberto Alberto Caballero, apoderado judicial del Parlacen, cuyo presidente Jacinto Suárez Espinoza, interpuso la demanda contra el Estado panameño por violaciones al Protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.
El Estado panameño no se acogió a la jurisdicción de la CCJ y por ello fue declarado en rebeldía, mientras en su sentencia la corte regional resolvió que el Estado de Panamá está sometido a la competencia de ese tribunal. Pese a todo, el presidente de la CCJ informó que "por cortesía" una copia de la sentencia notificada hoy será entregada en la embajada de Panamá en Nicaragua.
Según el presidente de la CCJ, Alejandro Gómez Vides, si Panamá no cumple con la sentencia en un plazo que no precisó, corresponderá a los presidentes de Centroamérica abordar el asunto del fallo "que es vinculante y de obligatorio cumplimiento".
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