SANTO DOMINGO.- El Senado envió a la comisión de Hacienda el proyecto de ley que busca reducir las exoneraciones excesivas y otros beneficios otorgados por el Estado, para dedicar estos recursos a la educación.
La pieza, sometida por el senador Adriano Sánchez Roa señala que el 4% a ese renglón está estipulado en la Ley 66-97.
“El Estado dominicano otorga beneficios, incentivos y exenciones fiscales y arancelarios a los diferentes sectores económicos, comerciales, sociales y otros empresariales, por un valor total anual aproximado 115,275 millones de pesos, equivalente al 5.8% el PIB”, dice el quinto considerando, evidenciándolo como excesivo.
El proyecto, dispone que el 100% de los valores reducidos, es decir 57 mil 637 millones de pesos se destinen al financiamiento de la educación y encarga a los ministerios de Hacienda y Educación de la ejecución.
En su primer artículo, dicho proyecto “reduce de 5.8% a 2.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) los beneficios, otorgados por el Estado a los sectores empresariales, comerciales, zonas francas, turísticas, metalúrgicas, energéticas e industriales del país”.
El autor de la pieza se basa en que amplios sectores empresariales, académicos, eclesiásticos y medios de comunicación coinciden en que se ejecute una mayor inversión en la educación.
A su juicio, es imperativo que toda la sociedad aúne esfuerzos con miras a procurar los recursos financieros, materiales, logísticos, humanos, tecnológicos y de otra índole, de manera que el desarrollo de la educación se convierta en una meta de todos.
Sánchez Roa resalta que en los últimos seis años el Gobierno actual incrementó en un 554% el monto global a la educación, por lo que espera que llegue al 4% del PIB, a fin de cumplir con los mandatos legales y constitucionales vigentes.
La pieza, sometida por el senador Adriano Sánchez Roa señala que el 4% a ese renglón está estipulado en la Ley 66-97.
“El Estado dominicano otorga beneficios, incentivos y exenciones fiscales y arancelarios a los diferentes sectores económicos, comerciales, sociales y otros empresariales, por un valor total anual aproximado 115,275 millones de pesos, equivalente al 5.8% el PIB”, dice el quinto considerando, evidenciándolo como excesivo.
El proyecto, dispone que el 100% de los valores reducidos, es decir 57 mil 637 millones de pesos se destinen al financiamiento de la educación y encarga a los ministerios de Hacienda y Educación de la ejecución.
En su primer artículo, dicho proyecto “reduce de 5.8% a 2.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) los beneficios, otorgados por el Estado a los sectores empresariales, comerciales, zonas francas, turísticas, metalúrgicas, energéticas e industriales del país”.
El autor de la pieza se basa en que amplios sectores empresariales, académicos, eclesiásticos y medios de comunicación coinciden en que se ejecute una mayor inversión en la educación.
A su juicio, es imperativo que toda la sociedad aúne esfuerzos con miras a procurar los recursos financieros, materiales, logísticos, humanos, tecnológicos y de otra índole, de manera que el desarrollo de la educación se convierta en una meta de todos.
Sánchez Roa resalta que en los últimos seis años el Gobierno actual incrementó en un 554% el monto global a la educación, por lo que espera que llegue al 4% del PIB, a fin de cumplir con los mandatos legales y constitucionales vigentes.
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