lunes, 9 de agosto de 2010
Siguen quejas por medidores GLP en envasadoras
SANTO DOMINGO.- Las denuncias sobre robo de gas licuado de petróleo en las envasadoras ahora provienen más desde los pueblos del interior del país, donde el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) tiene más limitaciones para resolver.
El problema es que ProConsunmidor carece de recursos para mantener una presencia más activa en los pueblos, a lo que se suma la decisión del Ministerio Público de Santiago, desde donde provienen más denuncias de fraudes, de no actuar en consecuencia sin la orden previa de un juez.
La gestión de ese organismo para enfrentar el robo a los clientes que consumen gas propano en algunas envasadoras ha dado resultados positivos, pero a fuerza de enfrentar muchos intereses.
A eso se une el intento de retardar procedimientos con la elaboración de un reglamento que no presenta elementos de defensa efectiva de los consumidores y sigue en constante discusión en la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor).
Pero la directora de ProConsumidor no se detiene. Altagracia Paulino informó a El Caribe que en los próximos días anunciará un conjunto de medidas de defensa de los consumidores y de sanciones a las envasadoras de gas que le roben a sus clientes, independientemente del reglamento de Digenor.
Las presiones de dueños de envasadoras que son “compañeros” del partido de gobierno, así como las influencias de propietarios con elevado poder económico son sólo parte de las dificultades enfrentadas por los técnicos de ProConsumidor. “En este asunto el único que me apoya es el Presidente”, dijo Paulino en referencia a las presiones que recibe para detener su cruzada de defensa de los derechos de los consumidores.
En este momento existen al menos 10 directivos de envasadoras de gas propano sometidos a la Justicia, y aunque los procesos de cierre son temporales, el resultado ha sido la mejora del servicio con la calibración de los dispensadores.
Esto así, porque si bien las envasadoras son reabiertas, el proceso de litis judicial y los pocos días que duran cerradas se traducen en pérdidas millonarias que ningún empresario quiere.
La funcionaria gestiona con la Fiscalía de Santiago un mecanismo para proceder contra las envasadoras sin recurrir a la orden de un juez, porque el trámite tarda más y da tiempo para “influencias”.
Limitaciones para hacer el trabajo
El problema de ProConsumidor es la escasez de recursos para extenderse hacia las provincias desde donde cada vez son más constantes las denuncias de robo de gas a los clientes. La institución recibe apenas RD$69 millones al año, aunque espera que el próximo 2011 le asignen una partida mayor.
Pese a las limitaciones económicas, Paulino dijo que antes de que finalice este año espera tener oficinas de representación en al menos 10 provincias y ampliar su flotilla de vehículos, que sólo son tres camionetas y una que no cuenta porque casi siempre está averiada.
ProConsumidor actúa con base en las denuncias de los consumidores y en la Capital se han reducido. Sin embargo, la inspección no se detiene.
En los casos de las envasadoras donde se detecta un fraude, ProConsumidor procede a cerrar el establecimiento de manera temporal, hasta que los inspectores de la misma institución y de Digenor se presentan a calibrar los dispensadores afectados.
El administrador de la estación es sometido a la Justicia. No se somete a los propietarios, porque muchas veces éstos ni se enteran de esas anomalías.
El caso remitido a la Justicia redunda en la aplicación de multas, de las cuales le toca un 50% a ProConsumidor. “Pero hasta ahora no hemos recibido ni un peso de esas multas”, dijo Paulino.
Todavía no hay acuerdo
Julio Santana, titular de Digenor, dijo que el reglamento para la regulación de las operaciones de las estaciones de GLP está en proceso de consultas públicas en el portal de Internet de esa institución. Sin embargo, al consultar digenor.gov.do, no aparece el documento para que la gente exprese sus opiniones y haga sus observaciones.
El funcionario aseguró que la parte relacionada al nivel de fraude que motive una multa o sometimiento a la Justicia, corre por cuenta de ProConsumidor.
Las multas son aplicadas por la Justicia, el 50% va al Ministerio Público y la otra mitad a ProConsumidor. “Pero hasta ahora no nos ha llegado ni un centavo”, dijo Paulino.
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